La moción aprobada por el Senado vuelve ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes deberán revisar los cambios introducidos en la Comisión de Educación.
Con 25 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala envió a la Cámara Baja, el proyecto que prohíbe a las instituciones de educación superior condicional la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos, al pago de deudas arancelarias, el que será revisado en su tercer trámite.
La Comisión de Educación del Senado introdujo modificaciones a la norma originada en moción, que busca impedir que los planteles obliguen a los estudiantes a pagar sus deudas pendientes para obtener su título profesional. En lo concreto, se busca que los morosos accedan a mejores oportunidades laborales que les permitan, luego, enfrentar los compromisos económicos que han asumido.
En la discusión en Sala, se explicó que los integrantes de dicha instancia estimaron pertinente enmendar la redacción originalmente planteada, con el objeto de circunscribir la prohibición a los exámenes de grado o título, aclarando de ese modo que “la normativa no cubre otras evaluaciones que tienen lugar en etapas previas de la formación académica”.
Así el integrante de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza informó el proyecto explicando que “pretende que las instituciones de educación superior no puedan condicionar la entrega de certificaciones al pago de deudas arancelarias. La idea es que los estudiantes puedan titularse y acceder a un empleo. En la discusión, nosotros circunscribimos la redacción a los exámenes de grado y títulos”.
En el debate intervinieron los senadores José García, Carlos Kuschel, José Miguel Durana, Juan Enrique Castro y Claudia Pascual.
Los parlamentarios detallaron el problema práctico que se genera cuando algunas universidades retienen el título de los estudiantes que se encuentran en mora. Se explicó que los tribunales de Justicia han acogido los recursos de protección interpuestos fallando a favor de los estudiantes, y en otras ocasiones, la División de Educación Superior ha sido la encargada de recibir estas denuncias.
Desde una mirada crítica, algunos parlamentarios se mostraron contrarios a entregar documentación obviando el pago de las deudas respectivas poniendo, como ejemplo, lo que pasa con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la alta tasa de morosidad.
Siguiendo con esta lógica, se recordó que, en la Comisión de Educación, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas hizo ver que “este proyecto podría generar un costo adicional para los planteles que se verían obligados a entregar los títulos pese a las deudas” y que “la morosidad podría incrementarse en los últimos semestres de las carreras”.
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