Los parlamentarios manifestaron su preocupación dado que el proyecto no presenta informe financiero, esto a pesar de que la propia Policía ha reconocido necesitar a lo menos de 400 nuevos funcionarios para operar en 14 aeropuertos del país.
Prevenir la ocurrencia de delitos tiene como fin el proyecto que autoriza el uso de tecnologías de autentificación biométrica para la correcta identificación de pasajeros del transporte aéreo (Boletín N° 16434-15). Éste deberá ser revisado en la Sala en los próximos días, luego que los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobaran sus ideas matrices.
La norma -en segundo trámite- busca dotar de mejores herramientas a las instituciones encargadas de realizar controles destinados al resguardo de la seguridad de los pasajeros, tripulantes, funcionarios de los aeropuertos y de la sociedad en general.
Así faculta al personal de la PDI para adoptar todas las medidas conducentes a asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresen del país, usando cualquier dispositivo o medio tecnológico. Así la institución podrá celebrar convenios con otros organismos de la Administración del Estado, siempre resguardando la ley de protección de la vida privada.
Al respecto, en la sesión de la citada instancia, en la que se aprobó la moción, se hicieron presentes funcionarios de la PDI que laboran en Migraciones y Policía Internacional. Éstos explicaron cómo funcionará el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS) que ya ha comenzado a operar de manera piloto en Arica indicando que “se trata de una tecnología que cruza el registro dactilar, la identificación de la voz y el rostro; incluso en países de la UE, se suma el registro del iris”.
Se manifestó que son 17, los aeropuertos de mayor envergadura donde se requiere mayor presencia policial, por lo cual se necesitan 400 funcionarios de la PDI para operar en estos lugares. Esta demanda se vinculó con la tramitación del proyecto que aumenta la dotación de agentes policiales (Boletín N° 17195-25) que revisa la Comisión de Seguridad Pública.
En cuanto a financiamiento, la PDI sinceró que se requieren 22 mil millones de pesos que se obtendrán de las Gobernaciones Regionales. Ellas rebajarían su presupuesto para aportar el equipamiento necesario, de manera que los fondos se entregarían a la Subsecretaría del Interior, la que a su vez, los traspasaría al Plan Nacional contra el Crimen Organizado de la PDI.
En esa línea, los parlamentarios de la Comisión manifestaron sus preocupaciones dado que el proyecto no presenta informe financiero pensando en la puesta en marcha del sistema y las dificultades que se han detectado en el control de pasajeros del transporte terrestre. Ante ello, autoridades del Ministerio del Interior aseguraron que ajustarán el detalle de los gastos.
Por otra parte, se pidió mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la PDI y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que se encarga de la seguridad de los recintos aéreos.
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