En la sesión, la Comisión ad hoc también recibió mayores antecedentes de la auditoría realizada por la Contraloría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales acerca de la gestión de trasplantes de órganos.
Pedir permiso a la Sala para estudiar en general y particular, a la vez, el proyecto de ley integral de Salud Mental, fue el acuerdo que adoptaron los integrantes de la Comisión de Salud. Esto con el fin de dar mayor tiempo al Ejecutivo para que recoja las observaciones realizadas por los parlamentarios. La solicitud fue acogida posteriormente, en la sesión ordinaria.
La norma iniciada en mensaje, busca propiciar el bienestar mental de todas las personas en todo su ciclo vital con pleno respeto a su dignidad y derechos fundamentales. Dado su enfoque integral involucra a los ministerios de Salud (Minsal), Educación, Vivienda y Urbanismo, de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social (Mideso), y de Justicia.
PROYECTO
• Hace referencia a los deberes generales del Estado para la promoción y protección de la Salud Mental.
• Establece la atención preferente de estos pacientes, en la Corporación de Asistencia Judicial.
• Crea un marco institucional de la Política Nacional de Salud Mental generando un plan nacional y un comité interministerial.
• Refuerza los derechos de los pacientes siquiátricos en cuanto a la toma de decisiones respecto al consentimiento informado, curaduría provisoria de bienes, eliminación de la reserva de la ficha clínica, y supresión de la posibilidad de aplicar tratamientos invasivos o irreversibles sin consentimiento.
• Crea un Plan de Desinstitucionalización que implica el proceso de cierre o transformación de establecimientos siquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental.
En la sesión del martes pasado, los senadores Javier Macaya (presidente) y los integrantes Ximena Ordenes y Juan Luis Castro admitieron que este texto “no los satisfacía”, por lo que era necesario que “el Ejecutivo introduzca indicaciones que aterricen las declaraciones que se hacen para que no queden en solo buenas intenciones”.
Los parlamentarios hicieron referencia a materias que han sido debatidas en sesiones anteriores como la falta de presupuesto de este proyecto, porque solo se apela a recursos de la ley de presupuestos, la necesidad de cerrar brechas de acceso a tratamientos dada la lista de espera siquiátrica, la baja disponibilidad de camas y de especialistas en el sector público.
También se ha mencionado que la ley vigente, la 21.331 que reconoce y protege los derechos de las personas en la atención de salud mental, aún no tiene promulgados sus reglamentos (sobre hospitalización involuntaria, conductas perturbadoras y normas y técnicas de operatividad), de allí que resulte improcedente generar otra ley si la vigente no está en funcionamiento.
Sumando antecedentes, la Comisión recibió al director del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños, Pablo Egenau, quien aseguró que “en el mundo hay 64 millones de personas con algún trastorno asociado al uso de drogas mientras que Chile existirían 30 mil pacientes siquiátricos, de los cuales solo el 5% recibiría tratamiento”.
Tras analizar una serie de estadísticas sobre el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y pasta base en la población nacional, el profesional pidió actualizar la ley 20.000 porque “requiere ampliar la mirada y dejar de tener una visión restrictiva de los consumidores”. También acusó una baja de una coordinación institucional en salud mental junto con recomendar cambiar los hospitales por residencias protegidas y utilizar médicos de familia para suplir la falta de siquiatras en la atención primaria.
TRASPLANTES
En la segunda parte de la sesión, los senadores se abocaron a conocer mayores antecedentes respecto a la auditoría realizada por la Contraloría, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales sobre la gestión de trasplantes en los hospitales San Juan de Dios de Santiago, Carlos Van Buren de Valparaíso y Hernán Henríquez Aravena de Temuco.
El informe reveló “autorizaciones privilegiadas” que favorecieron a ciertos pacientes, saltándose el orden establecido en la lista de espera. Además, se reveló que 84 pacientes que cumplían con los requisitos para recibir un trasplante, no fueron los beneficiarios de la donación.
Fue así como se hicieron presentes en la sesión, la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; la directora del Instituto de Salud Pública (ISP), Catterina Ferreccio; y el Coordinador Nacional de Trasplantes, José Luis Rojas.
De acuerdo a lo informado por la doctora Ferreccio, “lo más importante es que no se perdió ni un órgano, todos los órganos donados fueron finalmente utilizados”. Añadió que “la Contraloría se centró en los 84 casos de pacientes que no fueron trasplantados en el momento señalado, pero no eran elegibles en ese momento, ya que los hospitales rechazaron los órganos por distintas razones. Es más, solo un 6% de los órganos ofrecidos terminan siendo trasplantados”.
A su juicio, “la solución pasa por una solución tecnológica. Lo que vamos a hacer en el Ministerio es crear una aplicación que permita a los médicos notificar, justificar y rechazar las donaciones de forma más rápida y directa, todo a través de un enlace virtual porque hoy todo se hace llamando por teléfono o llenando papelitos”, explicó.
En tanto, el subsecretario Salgado aclaró que “lo que hace la Contraloría particularmente es tomar una foto de un momento, de un listado de un momento, en que hubo una donación masiva y lo que ocurrió respecto a eso. Esa foto mostró que en ese momento había 84 informes que no fueron entregados en ese momento, lo cual no significa que posteriormente hayan sido entregados o que la no donación no haya tenido una justificación razonable”.
Y precisamente las críticas de los senadores se orientaron acerca de los procedimientos que permiten que la documentación no se emita en el momento correspondiente, en este caso, cuando el profesional decide que el paciente no es apto para recibir el órgano que se ofrece.
Ante las dificultades descritas, los senadores propusieron cambios legislativos como empoderar a la Comisión Nacional de Trasplantes o modificar la ley de donante universal convirtiéndola en “donante irreversible”, esto porque un 42% de los trasplantes no se concretan porque los familiares niegan el consentimiento del fallecido. Frente a estas opciones, las autoridades garantizaron que no se necesitan nuevas leyes, que basta solo una mejor coordinación.
